Este martes, millones de estadounidenses van a las urnas para renovar el Congreso. En Washington DC, la cita electoral vuelve a poner sobre la mesa una limitación de fondo del sistema político de Estados Unidos: quienes viven en la capital participan en los comicios sin disponer de representación plena en el poder legislativo. No pueden elegir senadores y solo cuentan con un delegado en la Cámara de Representantes, con voz en los debates y en las comisiones, pero sin voto en el pleno.
La restricción alcanza a cerca de 700.000 habitantes que, aun pagando impuestos federales y estando sometidos a las leyes aprobadas por el Congreso, siguen sin representantes con derecho a voto. Muchos residentes han denunciado esa situación como una anomalía democrática. Su origen está en el diseño institucional acordado tras la independencia, cuando los fundadores decidieron que la sede del Gobierno federal no dependiera de ningún estado. La Constitución de 1787 dejó la capital bajo autoridad exclusiva del Congreso y, aunque en 1961 sus habitantes lograron votar en las presidenciales y en 1973 se aprobó un régimen de autogobierno con elección de alcalde, el déficit de representación continúa.
El pulso sigue abierto desde hace décadas con la reclamación de convertir a Washington DC en el estado número 51. En un referéndum no vinculante celebrado en 2016, el 85 % de los votantes apoyó esa opción y propuso conservar un pequeño distrito federal alrededor de la Casa Blanca y el Capitolio. Aun así, la iniciativa se topa con el rechazo frontal de Donald Trump y del Partido Republicano, en una disputa que sitúa bajo escrutinio al Congreso y deja al descubierto cómo una capital sometida a las decisiones federales sigue sin acceso pleno a los mismos derechos políticos que el resto del país.