La posibilidad de abrir una cooperación entre República Dominicana y Turquía en gestión de residuos sólidos vuelve a colocar bajo la lupa la capacidad del Gobierno para transformar los contactos diplomáticos en soluciones visibles, en un servicio que incide de manera directa en la vida cotidiana y en el costo social de las comunidades.
La embajadora turca, Emriye Bagdagül Ormanci, explicó que ese fue uno de los asuntos discutidos con el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez. Indicó que República Dominicana ya ha empezado a avanzar en esta materia y que podría aprovechar la experiencia más reciente de Turquía, donde se impulsa una iniciativa de residuo cero y se ha trabajado en la reducción del desperdicio de alimentos y en la promoción de conciencia desde las escuelas primarias.
El intercambio, no obstante, deja expuesto el contraste entre el discurso de cooperación y la necesidad de resultados verificables dentro del país. Ormanci señaló que en la reunión también se trató la próxima sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebrará en Antalya, así como la manera de llevar a ese escenario las preocupaciones del Caribe. La agenda exterior amplía el marco institucional, pero a la vez incrementa la exigencia de fiscalización sobre lo que realmente se ejecuta puertas adentro.
La diplomática añadió que ambos países avanzan además en intercambios educativos, comerciales y culturales, y resaltó el aumento de estudiantes dominicanos que viajan a Turquía. Ese movimiento bilateral puede abrir una oportunidad, aunque vuelve a poner el foco en una demanda recurrente: que la gestión pública no se quede en anuncios, reuniones y proyección internacional, sino que responda con eficacia a problemas concretos de servicios y planificación.
Así, la discusión sobre residuos sólidos supera el plano protocolar. Cada nuevo acercamiento internacional obliga a medir al Gobierno por sus resultados y no por su narrativa, en un momento en que la ciudadanía espera menos vitrina y más capacidad de ejecución sobre asuntos que afectan directamente la calidad de vida.