La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) advirtió ante la Cámara de Diputados que varios artículos del proyecto del nuevo Código Penal, tal como están redactados, podrían terminar criminalizando la labor docente, una señal de alerta institucional sobre una reforma que toca el sistema educativo sin despejar sus efectos reales en las escuelas.
En una comunicación firmada por su presidente, Eduardo Hidalgo, y por el consultor jurídico John A. Bello, el gremio objetó disposiciones vinculadas al «bullying», al abandono de niños, niñas y adolescentes y a otras conductas que, a su juicio, usan términos demasiado amplios. La ADP sostuvo que esa redacción puede derivar en inseguridad jurídica para maestros, directores y orientadores, en un contraste evidente entre el discurso de protección y el riesgo de castigar funciones legítimas dentro de los centros educativos.
Uno de los puntos centrales de la advertencia recae sobre el artículo que tipifica el hostigamiento e intimidación. Aunque respaldó la sanción del acoso escolar, la ADP planteó que expresiones como «asustar», «aislar» y la referencia al «ámbito educativo» deben definirse con mayor precisión para evitar interpretaciones que conviertan en delito acciones disciplinarias o pedagógicas. Por eso propuso añadir un párrafo que excluya de esa tipificación las medidas disciplinarias, correctivas o de protección adoptadas por docentes, directivos u orientadores, siempre que sean razonables, objetivas, estén amparadas por la legislación educativa y no busquen humillar ni causar daño al estudiante.
El sindicato también cuestionó el artículo sobre abandono de niños, niñas y adolescentes, que prevé agravantes cuando el responsable sea el padre, la madre, el tutor o un maestro. La ADP sostuvo que el deber de cuidado del docente es temporal y limitado al horario y a las funciones escolares, por lo que rechazó que se le equipare automáticamente con padres o tutores.
La intervención del gremio coloca bajo fiscalización el trámite legislativo de una pieza sensible y vuelve a poner sobre la mesa una exigencia básica de rendición de cuentas: que cualquier reforma penal corrija ambigüedades antes de trasladar sus costos a quienes sostienen la disciplina y la protección cotidiana en las aulas.