La acusación formal contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara quedó depositada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y abre una nueva fase del proceso por hechos que el Ministerio Público relaciona con la presunta solicitud y recepción de un soborno de US$10,000 mediante una entrega controlada. Esa presentación no supone condena ni responsabilidad penal, aunque sí activa un control judicial sobre la investigación y sobre la consistencia de las pruebas aportadas.
Desde este punto, el tribunal tendrá que valorar el contenido de la acusación, los elementos probatorios ofrecidos por el órgano acusador y los planteamientos de la defensa para determinar si el expediente pasa a un juicio de fondo. Con el Código Procesal Penal establecido por la Ley 97-25, vigente desde diciembre de 2025, la audiencia preliminar opera justamente como un filtro institucional: no convalida de manera automática la versión oficial, sino que exige su sustentación ante un juez.
De acuerdo con la acusación depositada, a Valdez Alcántara se le imputan violaciones a los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano, además de disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Así, el paso dado por el Ministerio Público no cierra el caso, sino que coloca en primer plano la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se investigó, qué pruebas existen y si la respuesta institucional está a la altura de un hecho que vuelve a impactar la confianza pública.