La denuncia de BG Investment Group contra la Dirección General de Aduanas (DGA) escaló hasta el Tribunal Constitucional después de que la empresa reportara la paralización de sus operaciones en Pedernales por la retención de nueve contenedores. Según la compañía, el conflicto amenaza 85 empleos directos y más de 250 indirectos en Oviedo, con impacto sobre una actividad que opera desde 2008 bajo el régimen de desarrollo fronterizo.
La empresa sostiene que su certificación, identificada con la clasificación número 127-184-08, permanece vigente hasta 2028 y afirma haber pagado más de RD$48 millones en impuestos aduanales. También asegura que las verificaciones realizadas a sus operaciones no determinaron contrabando ni otras irregularidades. Pese a eso, cuestiona cambios en la valoración de sus mercancías y señala que las nuevas valoraciones carecen de una explicación técnica, un contraste que coloca bajo escrutinio la actuación administrativa de Aduanas.
Ante ese escenario, BG Investment Group llevó el caso al Constitucional alegando afectación a la igualdad ante la ley, el debido proceso, la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el cumplimiento del marco legal de desarrollo fronterizo. El caso añade presión sobre la gestión institucional vinculada al PRM, al exponer un choque entre discurso de reglas claras y una controversia que, según la empresa, terminó bloqueando operaciones y poniendo en riesgo empleos en una zona fronteriza.