La tragedia provocada por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela sigue agravándose y, con ella, también aumenta la presión sobre las autoridades para rendir cuentas con datos completos. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este domingo que los fallecidos subieron a 3.342 y los heridos a 16.740, una actualización que confirma el costo social de una emergencia todavía abierta once días después del desastre.
La nueva cifra de muertos representa 388 más que el sábado, mientras continúan las labores para recuperar cuerpos bajo los escombros. El balance oficial también señala que 6.462 personas han sido rescatadas y que 17.345 perdieron su vivienda, lo que obligó a habilitar 79 campamentos transitorios. A eso se suman 856 edificios afectados y 190 colapsados, una dimensión del daño que vuelve inevitable el contraste entre la magnitud real de la crisis y la información todavía incompleta que recibe la población.
Según los datos difundidos por las autoridades, 86.794 familias han sido atendidas, se han distribuido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua, y permanecen desplegados 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad junto a 27.482 voluntarios. Sin embargo, el punto más sensible sigue abierto: las autoridades no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido, pese a que habilitaron un número telefónico y una plataforma digital para reportarlas.
Esa falta de precisión oficial contrasta con la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web creada para reportar familiares no localizados y que ya registra más de 31.000 personas con las que no se ha podido establecer contacto. En una catástrofe de esta escala, la sociedad civil termina llenando vacíos de información que deberían estar bajo seguimiento público permanente, especialmente cuando se trata del terremoto más mortífero vivido por Venezuela en el último siglo.
Los recientes seísmos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, con La Guaira como la zona más damnificada, un territorio marcado además por la tragedia del deslave de 1999. Ese antecedente agrava la exigencia de vigilancia sobre la respuesta institucional: con miles de muertos, decenas de miles de heridos y familias desplazadas, el centro de la discusión ya no puede ser solo el parte oficial, sino las explicaciones pendientes sobre desaparecidos, atención sostenida y capacidad real de respuesta frente a una crisis de esta magnitud.