La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudió al Tribunal Constitucional con una acción directa de inconstitucionalidad contra la Resolución 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social, al sostener que el nuevo esquema de per cápita diferenciado para distribuir recursos del Seguro Familiar de Salud podría comprometer la cobertura y la calidad de la atención médica de cerca de un millón de dominicanos. La entidad solicitó, además, que el asunto sea conocido con extrema urgencia y que la disposición quede suspendida de manera provisional.
La resolución establece un modelo que reparte recursos entre las Administradoras de Riesgos de Salud según variables como la edad y el sexo de los afiliados. Aunque prevé mayores asignaciones para los grupos que, de acuerdo con los cálculos empleados, requieren más servicios médicos, la CNDH advierte que otros segmentos, especialmente jóvenes y personas consideradas de menor riesgo, podrían recibir una asignación menor, lo que abre una alerta sobre la protección efectiva dentro del sistema.
En su recurso, la institución pide que el Tribunal Constitucional determine si la medida respeta los derechos a la igualdad, la seguridad social y la salud, así como las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución. También cuestiona si la resolución se ajusta al artículo 3 de la Ley 87-01, que consagra los principios de universalidad, solidaridad, equidad y equilibrio financiero, en un nuevo episodio de fiscalización sobre decisiones públicas que terminan bajo escrutinio por su posible choque entre diseño técnico y consecuencias reales para los afiliados.