La decisión de Luis Abinader de ponerse al frente del oficialista PRM volvió a encender un debate que el propio texto relaciona con una tradición de caudillismo que el país no ha conseguido dejar atrás. Más que un simple movimiento interno, su paso abre una alerta institucional: compartir la conducción del Gobierno con la dirección de su partido ocurre justo cuando esa organización se alista para definir su candidatura presidencial de 2028, una contienda en la que se juega su permanencia en el poder.
Desde el inicio, Abinader sostuvo que no asumió esa responsabilidad para imponer a un “heredero o heredera”, con la idea de conservar una imagen de árbitro imparcial. Sin embargo, la distancia entre el discurso y los hechos sigue abierta, porque esa promesa solo podrá sostenerse si sus acciones logran convencer a los aspirantes del PRM de que competirán en igualdad de condiciones y de forma democrática, y no únicamente si así se proclama.
Pero el fondo del asunto va más allá de la interna oficialista. El planteamiento insiste en que la obligación del mandatario es asegurar a la mayoría que no milita en el PRM que esta nueva carga política no apartará su atención ni sus energías de la tarea de gobernar un país complejo. Ahí permanece la exigencia de rendición de cuentas: si la sucesión anticipada gana terreno dentro del oficialismo, también crecerá el escrutinio sobre si el Gobierno está concentrado en resolver los problemas nacionales o en administrar el desgaste de su proyecto de poder.