El Tribunal Constitucional falló contra el Ayuntamiento de Moca, en la provincia Espaillat, por la detención y retención de un vehículo en el casco urbano y el cobro de una tasa de 3,000 pesos para devolverlo a su propietario, en una decisión que coloca bajo escrutinio una práctica aplicada también por diferentes cabildos del país.
La alta corte dictó la sentencia TC/0785/26 al acoger el recurso de revisión constitucional interpuesto por el abogado Shesnel Calcaño en representación de Juan Carlos Mejía Vásquez, a quien la alcaldía retuvo su vehículo tras alegar que estaba estacionado parcialmente sobre una marca amarilla trazada en el suelo por la dirección municipal. El caso había sido rechazado en primera instancia por la Cámara Civil y Comercial, que entendió que no se demostró vulneración de derechos fundamentales.
El fallo también impacta la ordenanza 01-2025 del Concejo Municipal de Regidores de Moca, dictada el 1 de abril de 2025 bajo el nombre “Sobre el pago de tasas por costes de servicio de traslado o retención de vehículos o estructuras”. La decisión del TC marca un precedente frente a ese mecanismo y refuerza la exigencia de control institucional sobre disposiciones municipales que terminan trasladando costos al ciudadano bajo criterios ahora cuestionados por el propio tribunal.