El contraste que dejan las publicaciones recientes del Banco Central resulta difícil de soslayar: mientras se enfatizan el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y las expectativas de expansión, el encarecimiento de la vida diaria queda relegado. Más que una cuestión de forma, esa desproporción revela una prioridad oficial alejada del costo real que soportan los hogares.
Los datos oficiales, además, llevan a una lectura menos complaciente. En mayo de 2026, la inflación interanual se ubicó en 5.35 %, la acumulada en 1.50 %, la mensual en 0.31 % y la subyacente en 4.86 %. Con esos registros, la inflación se mantuvo por segundo mes consecutivo por encima del techo del rango meta establecido en 4 %, más o menos 1 %, una señal que golpea el ingreso real y desmiente cualquier intento de reducir el problema a una nota marginal del relato económico.
La canasta básica también continuó al alza. Entre enero y mayo pasó de RD$48,734.28 a RD$49,268.36, para un aumento de RD$534.08, equivalente a 1.1 %. Sobre el papel puede parecer contenido; en la vida cotidiana significa pagar más por lo mismo y, muchas veces, pagar más para llevar menos. El impacto, además, alcanzó toda la estructura social: hubo incrementos en todos los quintiles de ingreso, con mayores alzas en la región este, donde la canasta subió RD$681.43; en la región norte, RD$591.94; y en la región Ozama, RD$552.34.
El Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 5.25 % y destacó que la misión del FMI proyecta un crecimiento en torno a 4 % para 2026. Ambas referencias pueden coexistir, pero precisamente ahí surge la alerta institucional: una economía no se mide solo por el optimismo de sus informes, sino por su capacidad de proteger el poder de compra. Cuando el mensaje oficial privilegia la vitrina macroeconómica y deja en un párrafo el deterioro del consumo básico, lo que se impone no es la celebración, sino la fiscalización.
Ese contraste entre discurso y realidad alimenta el desgaste de la gestión económica: si el costo de vida sube en todo el país y para todos los niveles de ingreso, la discusión pública no puede seguir atrapada en indicadores que no alivian la compra de alimentos ni corrigen la presión sobre los hogares. La prioridad ciudadana está en los precios, y cualquier narrativa que intente desplazar ese dato central solo refuerza la necesidad de rendición de cuentas sobre resultados concretos, no sobre expectativas.