El Servicio Regional de Salud Ozama (SRS Ozama) salió al paso de un reportaje publicado con datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría que cuestionaba el supuesto alquiler de ocho almacenes.
La institución aclaró que no se trata de ocho almacenes arrendados, sino de un local y siete centros operativos distribuidos en el Gran Santo Domingo. Según su explicación, los contratos observados corresponden a un almacén, centros de primer nivel y supervisiones de área.
La precisión busca corregir la lectura inicial del reporte, pero también obliga a revisar con mayor detalle la forma en que se registran y se justifican estos contratos, así como el costo que representan para el sistema público de salud.
En este tipo de casos, la aclaración institucional no cierra la discusión: la atención pública sigue puesta en la transparencia del gasto, la clasificación de los inmuebles alquilados y los resultados concretos que esos espacios aportan a la operación sanitaria.
Hasta el momento, la información disponible se limita a la versión ofrecida por el SRS Ozama frente al señalamiento contenido en el reportaje sustentado en registros oficiales. No se ofrecieron en la pieza inicial cifras adicionales sobre montos, vigencia de contratos o evaluación de impacto de esos espacios en la gestión regional de salud.
La controversia ocurre en un contexto en el que las contrataciones del sector público suelen estar bajo mayor escrutinio por su efecto en las finanzas estatales y en la prestación de servicios a la ciudadanía.