La solicitud de medida de coerción del caso Senasa 2.0 incorpora un elemento que vuelve a encender las alarmas sobre la gestión y la vigilancia institucional: el doctor Adriano Hernández López, fallecido en 2024, no fue imputado, aunque la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) lo sitúa dentro de la estructura investigada. De acuerdo con el Ministerio Público, fue uno de los médicos que más recursos transfirió a la cuenta de ahorros a nombre del imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez.
En el expediente, el órgano acusador atribuye a los 21 doctores un mismo patrón apoyado en transacciones bancarias, conversaciones y entrevistas a testigos que aseguraron que no se realizaron procedimientos con los galenos. En el caso de Hernández López, la solicitud sostiene que integró el grupo coordinado por Guzmán Vásquez y que participó en maniobras fraudulentas mediante formularios de reclamaciones médicas con firmas falsificadas de afiliados.
El Ministerio Público menciona a Waster Alexander Paulino, Francisco De Oleo Ogando, Mariant Johanna Rodríguez Reyes, Marcell Arriaga Brión De Rosario y Germall José Rosario Peña, quienes aparecen como afiliados en formularios presentados por Hernández López y cuyas firmas, según la acusación, no coinciden con sus rasgos caligráficos. Así, el caso vuelve a poner frente a frente el discurso de protección del seguro público y una investigación que apunta a fallas de control, con efectos directos sobre la confianza en la administración de los recursos y la exigencia de una fiscalización más rigurosa.