Participación Ciudadana advirtió sobre el deterioro interno del Poder Judicial a raíz de la división provocada por los reclamos de mejores condiciones laborales, las denuncias sobre el manejo de recursos y el anuncio de un paro de labores para el 21 de mayo. La organización consideró legítimas las demandas de jueces y servidores judiciales, pero señaló que la situación obliga a redefinir prioridades y a abrir un diálogo entre el Consejo del Poder Judicial y las asociaciones de jueces.
La entidad insistió en la necesidad de un mayor control institucional al entender indispensable una rendición de cuentas del Consejo del Poder Judicial y de su presidente frente a los cuestionamientos por el uso de los recursos. En esa línea, pidió una auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para aclarar cualquier duda sobre el manejo administrativo.
Además, Participación Ciudadana advirtió que la fractura interna podría debilitar la independencia de la justicia y abrir espacio a intereses ajenos a su función constitucional. También lamentó que la crisis surja cuando el Consejo Nacional de la Magistratura debe evaluar a 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluido su presidente, por lo que expresó su esperanza de que esta coyuntura no interfiera en ese proceso institucional.