La salida en secreto de Flávio Bolsonaro hacia Miami, pese a una orden judicial que le impedía viajar al extranjero, volvió a colocar la crisis política brasileña en un terreno de mayor fricción institucional. La decisión de Estados Unidos de recibir al excandidato presidencial, investigado en un caso vinculado al blanqueo de capitales, fue leída por analistas como un paso que profundiza el deterioro de la relación con Brasil y alimenta dudas sobre el respeto a los canales formales entre ambos países.
El abogado Guilherme Amorim, doctor en derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, advirtió que la acogida “alimenta una percepción de deslegitimación institucional”. Según explicó, si Washington concede visado de asilo político, estaría afirmando oficialmente que el sistema judicial brasileño persigue opositores, un mensaje que, a su juicio, sería incluso más grave que las sanciones aplicadas el año pasado bajo la Ley Magnitsky contra Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema que instruyó el juicio contra Jair Bolsonaro por golpe de Estado.
Para el analista, la maniobra también fortalece el relato de exilio y persecución política que impulsa Flávio Bolsonaro, al tiempo que abre un frente de consecuencias prácticas: puede afectar la cooperación jurídica entre ambos países en casos de lavado de dinero y lucha contra el crimen organizado, además de dejar abierta la posibilidad de nuevas sanciones contra policías y fiscales de Brasil. El episodio vuelve a poner el foco sobre el costo institucional de convertir una disputa política en un conflicto con impacto diplomático y judicial.