La salida de 13 menores de la “Fundación Restaurando Vida, un Muerto que Revive”, en Hatillo, San Cristóbal, reavivó las dudas sobre la capacidad de supervisión de las instituciones llamadas a resguardar a la niñez. Dos parejas de hermanos, de entre cuatro meses y 10 años, fueron retiradas del lugar junto con sus madres y llevadas a casas de protección, mientras otros 10 niños continúan bajo la tutela del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), luego de que las autoridades concluyeran que eran maltratados.
El caso se conoció después de que otro niño escapara y alertara a las autoridades, un hecho que contrasta con la respuesta oficial y la detección tardía de una situación que, según las informaciones ofrecidas, mantenía a los menores repartidos en una casa de dos niveles y en “casonas alrededor como si fuera una vencida”. La presidenta ejecutiva de Conani, Ligia Pérez Peña, señaló que “tenemos 10 niños bajo protección de Conani y cuatro fueron devueltos a sus madres; estaban ahí con sus madres… Fueron sacadas de ahí, llevadas a un lugar de protección hasta tanto se ubique”.
Mientras el Ministerio Público indaga bajo qué condiciones fueron trasladados los menores y si presentan traumas físicos y psicológicos, las declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, suman gravedad al expediente: los niños eran obligados a hacer labores pesadas con maderas para la construcción de una casa. En el lugar fueron detenidas varias personas, entre ellas Ángel Gabriel Capellán, identificado por las autoridades como pastor dentro de la fundación. La secuencia deja abiertas preguntas sobre los controles previos, la fiscalización de estos espacios y las explicaciones pendientes frente a un caso que solo se activó cuando un menor logró huir.