El rechazo de Rafael «Pepe» Abreu al informe que denuncia trabajo forzoso en las plantaciones de azúcar del Central Romana volvió a colocar el foco sobre un frente sensible: el impacto que una decisión de Estados Unidos podría tener sobre trabajadores haitianos vinculados al ingenio. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) pidió que ese país no deje de comprar productos derivados de la caña de azúcar dominicana a partir del documento divulgado por Corporate Accountability.
Abreu sostuvo que, si Washington acoge ese informe, los mayores perjudicados serían los braceros haitianos que laboran en el Central Romana. También afirmó que Corporate Accountability busca recabar financiamiento y aseguró que el Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana no permitiría la existencia de trabajo forzoso.
La controversia deja abierto un contraste que obliga a fiscalización: mientras el informe denuncia que en esas plantaciones persiste el trabajo forzoso, la respuesta sindical advierte sobre el costo social que tendría una eventual sanción comercial. Con ese choque de versiones, el caso vuelve a plantear una alerta institucional sobre la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas en un tema donde el impacto recae, según lo expuesto por Abreu, sobre trabajadores vulnerables.