La petición de tres meses de prisión preventiva contra Henry Tomás Castillo Peña, de 57 años, y Brailyn López Del Rosario, de 20, por presunto proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología, vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de las autoridades para detectar a tiempo estructuras que, según la investigación, explotaban sexualmente a adultos y presuntos menores de edad en un inmueble del sector San Carlos, en el Distrito Nacional.
El expediente, depositado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, plantea que los imputados usaban redes sociales para difundir imágenes pornográficas y ofrecer servicios sexuales de las víctimas, con cobros mediante cuentas bancarias y dinero en efectivo. Las pesquisas, dirigidas por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía del Distrito Nacional, sitúan las operaciones en un edificio de la calle Emilio Prud’Homme, mientras el proceso avanza con respaldo de organismos nacionales y de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.
La investigación se puso en marcha luego de que autoridades de HSI y la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo enviaran documentos y elementos por la vía del mecanismo MLAT, y de que el 13 de noviembre de 2025 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), adscritos a HSI, detuvieran a Castillo Peña al arribar a Nueva York por el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Más allá de la solicitud de coerción, el caso deja un contraste incómodo entre el discurso institucional y la persistencia de delitos graves que requieren cooperación externa para ser desmantelados, en un escenario que refuerza la demanda de rendición de cuentas sobre prevención, supervisión y resultados.