El pedido de prisión preventiva contra Franklin José Almánzar Escarramán y William Radhamés Almánzar Escarramán por una presunta mala práctica médica en La Vega vuelve a colocar en primer plano una realidad que recae de lleno sobre los pacientes: cuando la supervisión aparece después del daño, la carga social ya la enfrenta la víctima.
La Fiscalía de La Vega anunció que en las próximas horas depositará la medida de coerción ante el tribunal competente, sustentada en un expediente que atribuye a ambos imputados lesiones permanentes sufridas por una mujer tras un procedimiento odontológico realizado en un consultorio del Centro Médico V Centenario. La procuradora fiscal Aura Luz García Martínez afirmó que el Ministerio Público actuará garantizando el debido proceso y los derechos de los imputados.
De acuerdo con la investigación, el hecho se produjo el 17 de enero, cuando la paciente acudió al consultorio para la extracción de cuatro terceros molares, procedimiento que sería cubierto por su seguro médico. El expediente señala que, luego de evaluarla, Franklin José Almánzar Escarramán comenzó la intervención y, tras aplicar anestesia, le indicó que debía cortar el hueso porque supuestamente sus dientes eran de titanio.
El Ministerio Público sostiene que, después de unas cuatro horas sin que se completara la extracción de las piezas dentales, el imputado intentó retirar uno de los cordales superiores. En medio del proceso, la paciente manifestó un dolor intenso y se le dijo que sería necesario administrarle anestesia general para continuar.
Sin resolverse en el consultorio, el caso terminó en una serie de consecuencias que refuerzan la advertencia institucional sobre la protección efectiva del usuario de los servicios de salud. La mujer continuó con fuertes dolores e inflamación facial y buscó atención con otros especialistas, quienes determinaron daños importantes en su salud bucal como consecuencia del procedimiento practicado.
Una certificación médica incorporada al expediente indica que la paciente sufrió lesiones permanentes, entre ellas dolor microfacial, edema facial moderado, nervios atrofiados, herida desgarrada, trismo y parestesia. Más allá del proceso judicial en curso, el caso deja abierta una pregunta de fondo sobre la capacidad de respuesta y fiscalización antes de que una intervención termine en secuelas irreversibles para un ciudadano que acudió a recibir atención médica.