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Piden 18 meses de prisión para otra implicada en Senasa 2.0 y el caso vuelve a exponer fallas de control sobre fondos públicos

septiembre 22, 2026 · Redactor
Piden 18 meses de prisión para otra implicada en Senasa 2.0 y el caso vuelve a exponer fallas de control sobre fondos públicos
Foto: listindiario.com

La entrega de la doctora Ysabel Heredia Vallejo y la solicitud de coerción reactivan la presión por rendición de cuentas en un expediente que el Ministerio Público vincula al uso irregular de recursos del SeNaSa

El Ministerio Público presentará ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, investigada en el caso Senasa 2.0, para solicitarle 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo. La médica fue arrestada al entregarse a las autoridades, dentro de un expediente que, según los fiscales, involucra un entramado de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud.

La nueva solicitud de coerción vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de vigilancia sobre recursos destinados a servicios de salud, en un caso que ya suma 25 involucrados sometidos a la justicia tras los arrestos practicados en la víspera del pasado sábado. El Ministerio Público sostiene que se trata de una estructura de delincuencia organizada y pide la tramitación compleja por la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados.

Entre los sometidos figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y varios médicos, entre ellos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo. El avance judicial mantiene abierta la alerta institucional sobre el manejo de fondos públicos y refuerza la exigencia de fiscalización en un sistema que debía proteger a los afiliados, no convertirse en vía para su desvío.