El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco prisiones de alta seguridad, una medida que lleva la crisis penitenciaria a un escenario excepcional e incorpora restricciones en un radio de hasta 200 metros alrededor de los recintos. La decisión del Ejecutivo de Keiko Fujimori alcanza los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.
En esa franja quedarán suspendidos derechos constitucionales asociados con la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Además, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, tendrá a su cargo acciones para proteger el perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato. El Gobierno sostiene que la disposición busca reforzar la seguridad ciudadana, mantener el control policial de los centros y evitar posibles fugas, aunque el nivel de la intervención deja en evidencia la dimensión del problema que intenta frenar.
De acuerdo con el propio Ejecutivo, habrá vigilancia estricta de accesos, labores de inteligencia y operativos permanentes para incautar teléfonos móviles, tarjetas SIM y armas en manos de internos. El primer ministro, Luis Galarreta, respaldó la decisión y aseguró que el Gobierno impulsa acciones contra la inseguridad desde distintos sectores, incluso mientras espera la aprobación de facultades para actuar con mayor fuerza, un planteamiento que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de seguimiento público sobre resultados concretos de una medida que ya afecta garantías en el entorno de las cárceles.