LA PAZ.– El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó que los 1.900 millones de dólares del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se usarán para subsidiar los combustibles, sino para «estabilizar el (precio del) dólar» y sostener una «economía sostenible», mientras los otros 4.500 millones de financiamiento externo se orientarán a infraestructura pública y a ítems en salud y educación. La definición deja en primer plano el dilema oficial entre atender la presión inmediata por el combustible o apostar por obras y estabilidad, en un contexto que obliga a una vigilancia estrecha sobre el uso de esos recursos.
El paquete, según explicó el mandatario, abre además la puerta a acuerdos con el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y se complementa con otros acuerdos de «protección social» por 700 millones de dólares. Paz sostuvo que esos fondos no deben terminar cubriendo un subsidio que, según dijo, luego alimenta el desvío de combustible hacia países vecinos, pero al mismo tiempo dejó claro que varias reformas legales en materia económica y el propio acuerdo con el FMI deberán pasar por el Legislativo.
En esa misma línea, el jefe de Estado planteó como salida «liberar la importación de combustible» para que los sectores productivos puedan adquirirlo sin la intermediación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y pidió debatir la legalización de los autos indocumentados o «chutos». El anuncio refuerza la necesidad de fiscalización sobre una estrategia que combina endeudamiento externo, cambios legales y promesas de obras, mientras el Gobierno intenta presentar como prioridad social una ruta que todavía depende de aprobación política y de resultados verificables.