El paro nacional de 24 horas convocado por el Colegio Médico Dominicano (CMD) para este lunes 7 de julio convirtió el caso de los doctores William y Franklin Almánzar en una señal de alerta institucional: además de la acusación por presunta mala práctica médica, el gremio puso el foco en la forma del arresto y en las explicaciones pendientes sobre un procedimiento que, según denunció, terminó afectando la salud del pueblo.
El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, calificó el apresamiento como un “atropello” y cuestionó que William Almánzar fuera buscado en la clínica con el DICRIM sin haber sido citado previamente. “No vamos a permitir este tipo de atropellos, porque esto atenta contra la salud del pueblo. Una simple denuncia querella se convirtió en un apresamiento”, expresó, al insistir en que se violaron derechos fundamentales. Luego remató: “Los abusos de poder no es verdad que lo vamos a permitir”.
Desde La Vega, el presidente de la seccional del CMD, Miguel Tevenín, confirmó que el médico sigue detenido en el Dicrim y rechazó el manejo del caso. En la misma línea, el doctor José Domínguez sostuvo que una acusación de esta naturaleza, a su juicio, no debió conducirse por la vía penal sino civil, y criticó que se actuara “como si fuese un delincuente cualquiera”.
La protesta del gremio deja abierto un frente que va más allá del expediente judicial: cuando una denuncia deriva en un conflicto nacional con paro médico, el problema ya no es solo legal, sino de gestión, confianza y costo social. El caso obliga a una rendición de cuentas sobre el uso del poder en procedimientos sensibles y sobre las consecuencias que esa forma de actuar termina trasladando a los pacientes.