En Azua, un operativo coordinado por la DNCD, el Ministerio Público y unidades de la Policía Nacional, la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea Dominicana desmanteló dos plantaciones con 5,364 plantas de presunta marihuana, además de 5,520 unidades en proceso de germinación y equipos destinados al procesamiento y empaque del vegetal. La acción, apoyada con drones, helicópteros y despliegue terrestre, concluyó con el arresto de una mujer y con varios sospechosos aún prófugos.
La primera intervención tuvo lugar en las lomas de la comunidad Las Lagunas, donde fueron ocupadas 2,611 plantas, radios de comunicación, teléfonos celulares, bombas de fumigación, herramientas, insumos químicos y otras evidencias. Más tarde, en las lomas de La Barranca, al norte de Azua, los agentes erradicaron otras 2,753 plantas y confiscaron sacos y tanques llenos del vegetal, una balanza, una planta eléctrica y paquetes de fundas para embalar.
Las autoridades presentaron el caso como parte de una ofensiva contra el cultivo ilegal en zonas montañosas, pero el hallazgo de dos sembradíos, miles de unidades en germinación y una estructura de procesamiento vuelve a poner el foco en la capacidad del Estado para controlar territorios donde estas operaciones consiguen instalarse y crecer. El episodio abre además un flanco de fiscalización sobre la gestión de seguridad y la respuesta institucional, en un contexto en que el discurso oficial de control debe medirse por la persistencia de redes ilegales y por las explicaciones pendientes sobre su alcance real.