Una niña de 11 años murió por ahogamiento en la piscina de un centro recreativo del sector 40, en Vicente Noble, Barahona, un hecho que volvió a poner bajo la lupa las condiciones de vigilancia y control con que funcionan espacios abiertos al público, donde el cobro de entrada no reemplaza la responsabilidad sobre la seguridad de los menores.
La víctima fue identificada como Yoselina Simón Char, de nacionalidad haitiana, y estaba en el lugar solo con su hermano de ocho años. De acuerdo con el diagnóstico del médico legista y del representante del Ministerio Público actuante, la menor falleció a causa de asfixia por sumersión.
Las indagatorias preliminares indican que ambos niños ingresaron al establecimiento después de pagar la cuota de acceso, sin la compañía de sus padres ni de un tutor responsable. Ese dato no cierra el caso; por el contrario, amplía las preguntas sobre los protocolos de supervisión dentro del centro recreativo y sobre cómo se permitió el acceso de dos menores sin acompañamiento a un área de riesgo evidente.
En el marco de la investigación, las autoridades mantienen detenidos al administrador del centro, Darío Vallejo Matos, y al propietario, Pablo Méndez Medina, a fin de determinar en qué circunstancias ocurrió el hecho. El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la autopsia correspondiente.
El expediente deja, además, una realidad difícil de matizar: una menor murió en un establecimiento que recibía público. La investigación deberá establecer responsabilidades concretas, pero la tragedia ya reabre una alerta institucional sobre la fiscalización efectiva de estos espacios y sobre la distancia entre la operación permitida y la protección que las familias esperan cuando un centro recreativo cobra por acceso.