La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, en un incidente ocurrido en La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste, volvió a colocar bajo escrutinio al Estado y a la Policía Nacional, en medio de nuevas exigencias de rendición de cuentas por una violencia que la oposición describe como estructural. Para Alianza País, Frente Amplio y Opción Democrática, el caso no es un episodio aislado, sino otra señal de una crisis institucional que sigue sin respuesta de fondo.
En una rueda de prensa conjunta, Guillermo Moreno, junto a María Teresa Cabrera y Miguel Alejandro Martínez, leyó un documento en el que las tres organizaciones expresaron su “profunda consternación y rechazo” por la muerte del joven. Moreno sostuvo que se trata de “la última ejecución a mansalva hecha por un miembro de la Policía Nacional contra un joven ciudadano indefenso”, y afirmó que este tipo de hechos se repite con frecuencia.
Los dirigentes apoyaron su denuncia en estadísticas citadas en su declaración: durante los primeros seis meses de 2026, unas 147 personas murieron a manos de agentes policiales, frente a 122 en el mismo período de 2025. A su juicio, el aumento refleja un patrón preocupante y desmonta cualquier lectura complaciente sobre la situación de la institución.
“Estamos ante un mal estructural. La Policía Nacional es un cuerpo letal”, afirmó Moreno, al advertir que en numerosos barrios populares muchos ciudadanos dicen temer más a los agentes que a la delincuencia. Las organizaciones agregaron que los abusos no se limitan a muertes en operativos, sino que incluyen golpizas, torturas, detenciones arbitrarias, apropiación de bienes y otras violaciones de derechos fundamentales.
El reclamo de reforma, planteado tras la muerte de Darlin Mercado, vuelve así a poner el foco sobre el costo social de una crisis policial que, según estas organizaciones, ya no admite respuestas retóricas ni promesas sin resultados. Con este caso, la oposición busca mantener la fiscalización sobre una institución cuya actuación, insisten, exige transformación profunda y responsabilidades claras del Estado.