La controversia sobre mercancías declaradas en tránsito hacia Haití volvió a colocar al gobierno dominicano bajo presión para ofrecer una explicación concluyente. La denuncia apunta a que productos que ingresan al país bajo ese régimen, sin pagar los impuestos de una importación destinada al mercado local, no estarían llegando a su destino final y terminarían comercializándose en territorio dominicano.
Aunque algunas empresas han rechazado las acusaciones y organizaciones empresariales piden que cualquier señalamiento se sostenga en una trazabilidad verificable, el punto central sigue sin resolverse: si existe un mecanismo de evasión o si se trata de una disputa de intereses que escaló sin aclaración oficial suficiente. En cualquiera de los casos, la responsabilidad de establecer qué ocurre recae en las instituciones que tienen capacidad de control y fiscalización.
Hasta ahora, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, ha anunciado mayores controles para asegurar que las mercancías en tránsito crucen efectivamente la frontera, mientras el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, señaló que esa entidad puede cruzar facturas, compras, importaciones y ventas para reconstruir la cadena de comercialización. Sin embargo, esas respuestas no han despejado la cuestión de fondo con la contundencia esperada. El presidente Luis Abinader anunció que la Dirección General de Aduanas ofrecerá más detalles sobre el caso, en un escenario que refuerza el contraste entre la promesa de control y la necesidad de resultados verificables.