La forma en que se mide la pobreza en República Dominicana vuelve a abrir una discusión incómoda para la gestión pública: los ingresos, por sí solos, no muestran cuánto dinero realmente queda en los hogares después de cubrir deudas ni el peso que tienen los servicios básicos en la vida cotidiana. Francisco Tavárez, director del Instituto de Investigación Socioeconómica (Inise) de la UASD, sostuvo que a la medición deben incorporarse la pobreza laboral, la vulnerabilidad financiera, el endeudamiento de los hogares y el acceso efectivo a servicios esenciales de calidad.
De acuerdo con su explicación, la metodología vigente se basa en los ingresos familiares, ya provengan de salarios, remesas o transferencias del Gobierno, pero no considera cuánto de ese dinero termina absorbido por tarjetas de crédito, préstamos formales, financiamiento comercial o crédito informal. A su juicio, eso permite que un hogar aparezca por encima de la línea oficial de pobreza monetaria y, aun así, no tenga capacidad suficiente para cubrir alimentos, medicamentos, transporte, educación y vivienda, un contraste que incide de lleno en el debate sobre la gestión y los resultados del gobierno dominicano.
Los datos que citó Tavárez respaldan esa advertencia institucional. El estudio “Cuando trabajar no basta”, del Inise y la Fundación Juan Bosch, señala que el ingreso laboral promedio nacional rondó los RD$31,332 mensuales en 2025, frente a una canasta familiar nacional de RD$47,208. Ni siquiera el ingreso promedio formal alcanzaba ese monto, mientras la media salarial era de RD$24,169. Otra investigación del Inise sobre tarjetas de crédito encontró que entre personas con ingresos inferiores a RD$12,500 mensuales la deuda promedio por tarjeta equivale a 4.8 veces su ingreso formal. Con ese panorama, la discusión sobre pobreza deja de ser solo técnica y pasa a funcionar como una señal de alerta sobre el costo social que cargan los ciudadanos mientras persiste la brecha entre discurso y realidad.