La presión de la expansión urbana, el desarrollo turístico, la agropecuaria y la contaminación sigue empujando hacia atrás a los manglares, una de las principales barreras naturales de las costas dominicanas. El balance confirma el contraste entre su valor estratégico y los resultados todavía insuficientes para resguardarlos: en los últimos 50 años ha desaparecido más de un tercio, con efectos sobre la biodiversidad y también sobre actividades económicas como la pesca y el turismo.
Frente a ese panorama, la Fundación Atabey sostiene que medir solo la cobertura no alcanza y propone evaluar además la salud ecológica, la titularidad de los terrenos y el carbono almacenado en esas áreas. Con ese fin impulsa un fideicomiso público bolsa de carbono azul de República Dominicana, concebido para canalizar recursos con transparencia y trazabilidad, en respuesta a vacíos que atribuye a la gestión ambiental: falta de una línea base nacional consolidada, necesidad de una supervisión estricta sobre los desarrollos costeros, protocolos de restauración hidrológica y una estructura financiera capaz de asumir los costos de validación y certificación internacional de créditos de carbono azul.
“Precisamente por eso promovemos la creación del fideicomiso público bolsa de carbono azul de la República Dominicana, como instrumento para organizar y canalizar recursos con transparencia, trazabilidad y reglas claras de reinversión territorial”, señaló Domingo Contreras, presidente del Centro de Innovación Atabey, en entrevista a elDinero. La iniciativa coloca sobre la mesa una advertencia institucional: sin controles más estrictos y mecanismos verificables, la presión sobre manglares y corales seguirá trasladando costos sociales y económicos a las comunidades costeras.