Durante los últimos 24 años, la experiencia electoral dominicana ha vuelto a dejar una advertencia sobre la brecha entre el ruido público y la capacidad real de disputar el poder. Desde 2000 se han celebrado siete elecciones presidenciales y, en ese tramo, las figuras llegadas desde fuera de la política y de los partidos tradicionales han obtenido apoyos limitados, mientras las organizaciones tradicionales han conservado la Presidencia, el Congreso y casi todos los cargos de elección popular.
Ese mismo patrón se proyecta hacia 2028 con Santiago Matías (Alofoke), que ha puesto en marcha el proceso para lograr el reconocimiento de su partido Dominicanos Primero. Su eventual entrada se daría en un sistema con 34 partidos reconocidos y diez movimientos accidentales, pero donde, según el recuento del historial electoral citado, las candidaturas con discurso antisistema no han conseguido romper el cerco institucional: en las tres elecciones en que participaron, los partidos tradicionales acumularon más del 98% de los votos y en el Congreso ningún candidato disruptivo ha logrado representación.
Los datos recogidos en ese balance también refuerzan el contraste entre visibilidad y resultados. En las elecciones pasadas, Roque Espaillat, El Cobrador, alcanzó 1.36%, mientras Guillermo Moreno, que hasta 2020 mantuvo un discurso contra los partidos y políticos tradicionales, no llegó al 2% en sus tres postulaciones por Alianza País. Antes, en 2000, César Estrella Sadhalá sumó 3 mil 359 votos, para un 0.11%.
El registro vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo para el sistema político y el gobierno dominicano: la Presidencia no se define por el impacto mediático, sino por estructura, representación y rendición de cuentas, en un escenario donde la ciudadanía sigue esperando respuestas verificables más allá del espectáculo político.