La caída de los robles de Baní, a finales de octubre, volvió a poner sobre la mesa un problema institucional que va más allá del episodio concreto: cuando la tala proviene de estructuras del propio Estado, la discusión deja de ser únicamente ambiental y pasa a tocar la responsabilidad y el control. La revisión de registros periodísticos, comunicados y documentos oficiales realizada por este medio muestra que la Gobernación de Peravia no aparece como un caso aislado, sino como parte de una secuencia de intervenciones en parques, avenidas, playas, terrenos protegidos y hasta en el patio de una vivienda del Distrito Nacional desde 2022.
Ese historial dibuja un contraste entre el discurso de protección y la respuesta efectiva de las autoridades. Algunas talas terminaron en sometimientos o despidos; otras quedaron amparadas por permisos firmados de antemano, explicaciones técnicas o el silencio. En mayo de 2022, el Ministerio de Medio Ambiente sometió a la justicia a José (Richard) Valdez Mora, director municipal de Palmarejo Villa Linda, en Los Alcarrizos, acusado de talar 330 árboles en un área verde protegida de Pantoja, en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, pese a que, según los registros citados, había pedido un permiso ambiental que le fue negado. En ese momento, Orlando Jorge Mera dijo: “Por alguna razón, él se fue por encima de la ley”.
Aun así, la reacción institucional dejó grietas. La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente reclamó que ni el ministerio ni el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) le notificaron lo sucedido y denunció que los troncos fueron trasladados sin presencia del Ministerio Público, algo que calificó como una “obstrucción”. Más adelante, en junio de 2024, el exvicepresidente Jaime David Fernández Mirabal difundió un video de árboles podados en el parque Mirador Sur, en el Distrito Nacional, y atribuyó la intervención a la petición del propietario de una de las torres frente al parque. La sucesión de casos refuerza la alerta sobre una gestión que, incluso cuando actúa, sigue dejando abiertas preguntas básicas de fiscalización, transparencia y consecuencias cuando el poder público interviene sobre bienes ambientales.