La anulación del acuerdo entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana para la explotación minera volvió a poner en primer plano un costo ambiental que, según el Ministerio de Medio Ambiente, supera los 120 millones de dólares. El ministro Paíno Henríquez afirmó que el Tribunal Superior Administrativo valoró un informe técnico de esa institución que identificó daños ecológicos todavía pendientes de reparación.
Según explicó el funcionario, las evidencias salieron de una investigación realizada por técnicos del ministerio y después fueron depositadas ante los tribunales. La decisión reabre el contraste entre la explotación desarrollada por más de siete décadas en las montañas de Bonao y la magnitud del pasivo ambiental ahora reconocido en sede judicial, con un impacto que obliga a exigir explicaciones y seguimiento sobre la capacidad del Estado para prevenir, fiscalizar y corregir este tipo de daños.
Legisladores advirtieron sobre posibles efectos de la sentencia en el clima de inversión, aunque también señalaron que el fallo envía una señal a las empresas extranjeras: el crecimiento económico no puede desligarse del cumplimiento de las normas ambientales. Más allá del litigio, la decisión deja una alerta institucional sobre los costos que terminan aflorando cuando la supervisión pública llega tarde frente a actividades extractivas de largo plazo.