Las declaraciones del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, devolvieron al centro de la discusión un problema que va más allá de la disputa política: la dificultad del Estado para medir y planificar con exactitud la presión que soporta el sistema escolar público. El propio texto admite que Fernández se apoyó en datos oficiales, reconoció el derecho constitucional a la educación y pidió una mejor planificación estatal, en un escenario en el que la República Dominicana conserva la potestad de definir su política migratoria y controlar sus fronteras conforme a la ley.
El planteamiento es cuestionado en tres puntos, pero esa misma crítica termina confirmando el núcleo institucional del asunto. La pieza aclara que, en el sector público, hay 164,070 estudiantes de origen haitiano y que la proporción correcta sería de uno por cada 16 dominicanos, no de uno por cada 13. También señala que las cifras no alcanzan para demostrar que el incremento de la matrícula haitiana provoque por sí solo la caída de la dominicana, y que esa relación solo podría verificarse mediante una investigación en los centros con problemas de cupo. Lejos de cerrar el debate, esa observación fortalece la exigencia de fiscalización: si no existen estudios concretos, lo que queda expuesto es la falta de respuestas completas del gobierno dominicano frente a una presión real sobre servicios financiados por el Estado.
Además, el texto objeta que se relacione nacionalidad haitiana con irregularidad migratoria, pero no elimina la pregunta central sobre la forma en que las autoridades han manejado el impacto de esa realidad en la escuela pública. Allí se marca el contraste entre discurso y realidad: mientras se habla de control fronterizo y orden migratorio, persisten tensiones en los cupos que reclaman datos más precisos, planificación y explicaciones públicas. En ese marco, el Congreso queda llamado a fiscalizar y el debate abierto por Omar Fernández se mantiene como una alerta institucional sobre un problema que la gestión pública no ha resuelto con la transparencia necesaria.