Las advertencias e intimaciones de la Junta Central Electoral no han logrado contener el proselitismo a destiempo, lo que deja al descubierto una falla de control institucional. Desde que terminó el pasado ciclo electoral y el presidente Luis Abinader anunció que no impulsaría una reforma constitucional para buscar un tercer mandato, el escenario ha seguido marcado por violaciones a la ley.
Pese a que la ley 33-18 fija que la precampaña electoral y las actividades proselitistas comienzan el primer domingo de julio del próximo año, dirigentes del oficialismo y de la oposición han ocupado el espacio público con acciones anticipadas. Las propias actuaciones de la JCE reflejan que las disposiciones vigentes están siendo rebasadas y que, por ahora, las advertencias no han producido efectos reales.
Entre los casos observados por el órgano electoral figura el del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que fue intimado en agosto del pasado año por actos y declaraciones proselitistas antes del período permitido. La JCE incluso lo describió como un “hecho manifiestamente notorio”, al señalar que múltiples miembros del partido oficialista realizaron pronunciamientos públicos de carácter proselitista de forma adelantada, difundidos en medios de comunicación y redes sociales, un contraste que vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre el respeto a las reglas electorales.