Esta segunda parte del alegato sobre la política exterior de Washington traslada la discusión a un terreno jurídico y acusatorio, y presenta la llamada «doble moral política» como una forma de ejercicio del poder, no como una simple contradicción. El núcleo del planteamiento está en el choque entre un discurso universal sobre dignidad humana y libertades civiles y una práctica que, según el texto, sanciona a adversarios geopolíticos mientras negocia con regímenes que vulneran esos mismos principios.
La pieza afirma que esa distancia entre lo que se dice y lo que se hace funciona como método. Desde esa lógica, la defensa de los derechos humanos convive con decisiones que debilitan la democracia, mientras la retórica de la libertad sirve para encubrir mecanismos de control. En ese marco, el señalamiento principal no es solo político, sino también institucional: cuando la legalidad internacional se aplica con doble rasero, se resiente la confianza en las reglas y aumenta la necesidad de fiscalización sobre quienes ejercen poder global.
La crítica se extiende luego a América Latina y al plano tecnológico. El texto sostiene que la presión se presenta como cooperación, que se reclama transparencia financiera mientras se tolera la fuga de capitales hacia bancos norteamericanos, y que se denuncian fraudes digitales en otros países al tiempo que corporaciones estadounidenses acumulan poder. El resultado, según la propia formulación del artículo, es un «espejo roto» de la legalidad internacional: una advertencia sobre el desgaste de un modelo que predica normas universales, pero deja explicaciones pendientes cuando se trata de su propia conducta.