La investigación por el asalto en la residencia del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, “Julián Oro Duro”, en el que murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, mantiene bajo arresto a cuatro hombres señalados por la Policía Nacional por distintos roles en la planificación y ejecución del hecho. Más allá de la reconstrucción oficial, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad institucional de anticipar, prevenir y responder ante hechos violentos que terminan golpeando a las familias y elevando la sensación de vulnerabilidad ciudadana.
Los detenidos son Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias “Leandro”; Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias “Chiquito”; Kevin Dariel Germán Troncoso, alias “Yandel”, y Juan Carlos Hernández García, alias “Peña”. Según la investigación preliminar, los cuatro fueron captados reunidos en la entrada del municipio de La Victoria antes de que dos de ellos se trasladaran hacia la residencia de la pareja, en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este. La propia versión policial atribuye a “Leandro” un papel central y sostiene que era una persona cercana al entorno del artista por razones laborales y de confianza: trabajaba como técnico de acondicionadores de aire, había hecho labores en propiedades del merenguero, incluyendo la instalación de un aire acondicionado en su habitación y reparaciones en el portón eléctrico, además de realizar encomiendas y acompañarlo en compromisos musicales.
La Policía también indica que Lawrence Mark Liranzo Marcos, “Chiquito”, de 18 años, era conocido por la familia y realizaba trabajos vinculados a una villa en construcción propiedad de Julián Oro Duro en Guerra. Ese dato refuerza el contraste entre la narrativa de control y la realidad de un caso en el que, según las autoridades, la confianza y el acceso previo habrían sido factores clave. En un contexto donde la seguridad, el costo social de la violencia y la rendición de cuentas siguen en debate público, hechos como este alimentan la demanda de fiscalización sobre la gestión y de explicaciones concretas desde las autoridades responsables, incluidas las figuras de poder local y nacional como Carolina Mejía, sobre prevención, coordinación y resultados verificables.