Un trámite público en internet puede exhibir buenos resultados en apariencia y, al mismo tiempo, fallar para buena parte de quienes lo necesitan. Eso es lo que subraya el análisis de Roney Lima do Nascimento: si cien personas requieren una gestión, cuarenta logran iniciarla en línea y treinta y ocho la terminan, el portal puede presumir un 95% de éxito, aunque en la práctica apenas el 38% resolvió su necesidad por esa vía. La advertencia institucional está en lo que la cifra no revela: qué ocurrió con quienes ni siquiera consiguieron entrar.
La expansión de internet ha sostenido el discurso de modernización de los servicios públicos en América Latina, pero el texto recuerda que poner una gestión en línea no equivale a hacerla accesible para todos. Según el IBGE, en 2025 internet se utilizaba en el 95% de las viviendas particulares permanentes de Brasil, mientras el INEGI informó que el 78,3% de los hogares mexicanos tenía internet ese mismo año. Sin embargo, esas mediciones no prueban que las personas puedan completar trámites: un hogar conectado no garantiza dispositivos adecuados ni capacidades para usar una plataforma pública.
La CEPAL insistió en junio de 2026 en la necesidad de una conectividad significativa, que incluya calidad, estabilidad, costo y disponibilidad de equipos. Ese señalamiento refuerza una exigencia de fiscalización sobre cualquier gobierno dominicano que presente la digitalización como resultado suficiente: sin evaluar a quienes quedan del otro lado de la pantalla, el discurso de eficiencia puede terminar desconectado de la realidad del ciudadano y convertir la modernización en otra promesa incompleta de gestión.