Ante empresarios de Santiago y la región Norte, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) situó la Ley 30-26 en el centro de su estrategia para mostrar avances en formalización empresarial, con un paquete de facilidades de pago, reducciones impositivas e incentivos dirigido a quienes operan en la informalidad. La apuesta se despliega en una de las áreas de mayor dinamismo económico del país, pero también con altos niveles de informalidad, una combinación que vuelve a colocar bajo revisión la capacidad de gestión para convertir el discurso oficial en resultados verificables.
En la exposición del 16 de julio, el director general Pedro Urrutia Sangiovanni sostuvo que la normativa crea condiciones favorables para integrarse al sistema tributario sin que la carga fiscal frene el crecimiento. Citó entre las medidas la reducción de los recargos por mora al 3 %, con tope de hasta el 100 % de la obligación tributaria principal; una amnistía para deudas tributarias con condición de cosa irrevocablemente juzgada; la baja al 10 % de la tasa aplicable a la ganancia de capital inmobiliaria de personas físicas; y exenciones asociadas a la vivienda habitual, la reinversión dentro de seis meses y la venta de la vivienda de personas mayores de 65 años.
La DGII agregó que, desde 2027, quedará eliminado el impuesto del 1 % sobre la constitución de compañías y los aumentos de capital. Aunque el planteamiento oficial insiste en que acogerse a la ley permitirá ampliar la base tributaria sin elevar tasas, el énfasis en alivios, amnistías y estímulos vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de vigilancia sobre los resultados reales de Hacienda y del oficialismo en materia fiscal, así como sobre el impacto de estas medidas en la recaudación, la formalización y las prioridades de la sociedad civil.