República Dominicana figura en un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) entre los países que han impulsado políticas públicas para enfrentar las uniones infantiles, tempranas y forzadas y su vínculo con el embarazo en adolescentes. Aun así, el análisis insiste en que se trata de una realidad que continúa presente en la región y que exige respuestas integrales, intersectoriales y con enfoque territorial, lo que deja claro que el reto sigue abierto más allá del reconocimiento institucional.
El estudio “Matrimonios y uniones infantiles en América Latina y el Caribe: de los datos a la acción pública” destaca, en el caso dominicano, componentes de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA) como una experiencia útil para orientar políticas públicas. Entre los aspectos señalados aparecen la coordinación interinstitucional, la planificación de acciones y la aplicación de medidas en territorios con mayor incidencia, mediante mecanismos de articulación en los que participan el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), un esquema que también pone sobre la mesa la necesidad de dar seguimiento y rendir cuentas sobre su ejecución efectiva.
Los datos oficiales citados en el comunicado recogen una reducción de los embarazos en adolescentes, de 27,476 casos en 2021 a 16,481 en 2025. Sin embargo, el propio texto advierte que esa evolución debe leerse tomando en cuenta la metodología y la cobertura de los registros estadísticos utilizados en cada período. La Oficina Nacional de Estadística (ONE), de hecho, ha difundido infografías periódicas a partir de datos del sistema de salud, un elemento que vuelve central la revisión de resultados verificables y no solo del diseño de la política.