Dos decisiones recientes pusieron la política exterior dominicana en el centro del debate: la solicitud de retiro de nueve miembros de la misión cubana y la llegada de Víctor Bisonó al Ministerio de Relaciones Exteriores. Más que una lectura apresurada de ambos movimientos, lo que queda sobre la mesa es una cuestión de control institucional: con qué memoria, con qué horizonte y bajo qué criterios está definiendo el gobierno dominicano su relación con el mundo.
El planteamiento sostiene que el escenario internacional ya no deja espacio para respuestas improvisadas. En un entorno donde se entrecruzan seguridad, migración, comercio, tecnología y diplomacia, reaccionar únicamente ante la urgencia equivale a llegar tarde. Ese contraste entre discurso y realidad hace todavía más pertinente la demanda de una política exterior de Estado, no atada al ciclo político inmediato ni a decisiones aisladas que luego deban explicarse a la sociedad civil y al Congreso.
La tesis central se apoya en la memoria histórica del país: una experiencia acumulada durante siglos, anterior incluso al Estado de 1844, marcada por ocupaciones, anexión, restauración, intervenciones extranjeras, dictadura, democratización, emigración y apertura al mundo. Desde ese recorrido, la advertencia institucional es nítida: Santo Domingo conoce el costo de tomar decisiones fundamentales sin perspectiva de largo plazo. En ese marco, los cambios recientes en Cancillería no solo abren una discusión diplomática, sino también una exigencia de rendición de cuentas sobre la capacidad real de la gestión para actuar con estabilidad, previsión y sentido de Estado.