La renovación de la cédula de identidad ya tiene una fecha de corte con consecuencias directas para la vida diaria: la Junta Central Electoral (JCE) advirtió que, si el documento no se actualiza antes del 31 de marzo de 2027, desde el primero de abril la versión anterior dejará de ser aceptada para las actividades que exijan identificación formal. El aviso coloca en primer plano un problema de gestión con impacto social, porque la falta del nuevo documento puede traducirse en trabas concretas para miles de ciudadanos. Según explicó el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, “Habría una inhabilitación civil a partir del primero de abril de 2027 para aquellos ciudadanos y ciudadanas que no tengan el nuevo documento. Por eso nuestro llamado a los dominicanos y dominicanas es sencillo, no dejemos la renovación para último momento”.
La propia descripción del escenario como una especie de “desaparición civil” refleja la magnitud del riesgo: quedar fuera de gestiones bancarias, aperturas de cuentas, contratos, procesos legales y otros trámites administrativos, académicos, laborales, electorales o migratorios. Aunque la JCE informó que eliminó una restricción y habilitó centros disponibles para todos, la advertencia también abre un frente de vigilancia pública sobre la capacidad institucional para evitar cuellos de botella y sobre el costo que tendría para la sociedad civil que el proceso llegue tarde para una parte de la población. Más que un simple cambio de formato, el proceso queda bajo escrutinio por el contraste entre el llamado oficial a renovar con tiempo y las consecuencias severas que recaerían sobre quienes no logren hacerlo.