La familia propietaria del Jet Set acudió ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional con un recurso para modificar la manera en que se están ejecutando las medidas conservatorias dictadas después del colapso del establecimiento, en un expediente que sigue poniendo a prueba la capacidad institucional de proteger a las víctimas sin debilitar la rendición de cuentas.
La apelación fue presentada por Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat, Ana Grecia López y varias sociedades comerciales vinculadas al grupo empresarial. Su planteamiento no cuestiona ni la garantía de RD$500 millones fijada por el Primer Juzgado de la Instrucción ni la procedencia de la medida cautelar, pero sí objeta que distintos actores civiles hayan podido trabar embargos e inscribir hipotecas judiciales de forma independiente, cada uno por hasta ese monto.
De acuerdo con los recurrentes, esa ejecución ha generado una superposición de medidas que ya supera los RD$1,500 millones, tres veces el límite autorizado en la resolución apelada. Sobre esa base, sostienen que se desnaturaliza la finalidad cautelar prevista en el Código Procesal Penal, se vulnera el principio de proporcionalidad y se transforma una garantía única en múltiples afectaciones patrimoniales simultáneas sobre los mismos bienes.
La defensa solicita a la Corte que revoque solo el ordinal relativo a la modalidad de ejecución de las medidas conservatorias y autorice que la garantía de RD$500 millones se constituya mediante una fianza emitida por una compañía aseguradora. También afirma que la legislación y la jurisprudencia permiten sustituir embargos por una garantía equivalente cuando esta protege adecuadamente los derechos de los acreedores.
Más allá del recurso, el caso vuelve a colocar el foco en una exigencia central para la ciudadanía: que la respuesta judicial no quede atrapada entre tecnicismos ni termine enviando una señal de fragilidad institucional frente a un proceso de alto costo social. En medio del desgaste que arrastran las autoridades ante casos que reclaman resultados verificables, la discusión sobre la forma de la garantía refuerza la necesidad de vigilancia pública para que la reparación no se convierta en otro contraste entre discurso y realidad.