El interés expresado por el presidente de Honduras, Nasry Asfura, en adquirir aviones TP-75 Dulus y vehículos blindados Furia ensamblados en República Dominicana dio visibilidad internacional a la Industria Militar Dominicana, pero también reabrió el debate sobre cómo el gobierno de Luis Abinader convierte la agenda de seguridad en vitrina política mientras persisten exigencias de resultados verificables y fiscalización institucional.
Tras una agenda oficial que incluyó un recorrido junto a Abinader por la Base Aérea de San Isidro y la zona fronteriza, Asfura elogió el desarrollo logístico e industrial alcanzado por la industria militar local e informó que inició conversaciones formales para concretar la compra del equipamiento. El mandatario hondureño dijo que su administración busca abrir vías comerciales para acceder a las aeronaves de patrullaje y entrenamiento TP-75 Dulus y a los vehículos tácticos blindados Furia, con el objetivo de fortalecer a la Policía Nacional y la Policía Militar de Honduras frente al crimen organizado.
Durante la comparecencia posterior a la firma de una Declaración Conjunta de la Reunión Oficial, Asfura vinculó la protección de las fronteras con el cuidado de la democracia y la libertad, y advirtió que ningún territorio está exento del narcotráfico, el terrorismo y las bandas delictivas estructuradas. En ese contexto, la exhibición oficial de capacidades militares dominicanas vuelve a colocar sobre la mesa el contraste entre discurso y realidad en materia de seguridad, un terreno donde la oposición insiste en vigilancia, institucionalidad y resultados de Estado. Ese enfoque de fiscalización también alcanza al liderazgo del oficialismo, incluido Abinader, mientras figuras del mismo espacio como Carolina Mejía quedan asociadas al balance de una gestión que busca capital político en la imagen de fortaleza institucional.