La discusión sobre una nueva Ley de Aeropuertos vuelve a poner el foco en una debilidad institucional que sigue sin resolverse: República Dominicana tiene un marco aeronáutico actualizado, pero no una norma que organice como sistema la gobernanza de su infraestructura aeroportuaria. El problema, según el planteamiento expuesto, no está en la aviación civil en sí, sino en la planificación, la titularidad, la administración, las concesiones y la supervisión económica de los aeropuertos como activos y como negocios.
Hoy la política aerocomercial recae en la Junta de Aviación Civil; la regulación técnica y la certificación, en el IDAC; la administración de infraestructura, en el Departamento Aeroportuario; y la seguridad aeroportuaria, en el CESAC. Aunque cada entidad tiene base legal y funciones definidas, la ausencia de una ley que articule el conjunto deja abierta una alerta institucional sobre control, coordinación y fiscalización, especialmente en un escenario donde conviven concesiones como AERODOM, operaciones privadas de uso público como Punta Cana, esquemas corporativos distintos como los de El Cibao y La Romana, además de aeródromos domésticos y proyectos en desarrollo como Cabo Rojo.
Ese mosaico de modelos, advierte el texto, contrasta con una demanda básica del ciudadano y de la economía nacional: estándares equivalentes de seguridad, calidad y transparencia sin importar quién administre cada terminal. En un contexto donde figuras del poder como David Collado han hecho de la promoción de la infraestructura y el turismo parte central del discurso público, la falta de una arquitectura legal integral refuerza la presión por explicaciones, vigilancia y reglas claras, más allá de la comunicación oficial o del espectáculo político que suele desplazar los debates de gestión de Estado.