La discusión sobre la deuda entre alcaldías y Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) volvió a exponer un problema de rendición de cuentas en la gestión del sistema eléctrico y su impacto sobre los gobiernos locales. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, afirmó que la deuda es mutua y recordó que, aunque se ha señalado una deuda de 300 millones de dólares de los cabildos con las EDE, esas empresas también incumplen disposiciones legales y constitucionales vinculadas a pagos a los municipios.
Según explicó, la sentencia 0100/13 del Tribunal Constitucional y el artículo 134 de la Ley General de Electricidad 125-01 establecen que las EDE deben entregar cada mes a municipios y distritos municipales el 3% de la facturación corriente recaudada en su jurisdicción, mientras los ayuntamientos deben cubrir el consumo del alumbrado público y otras instalaciones municipales. Núñez aseguró que desde 2013 las distribuidoras no han cumplido con esa obligación, lo que, a su juicio, ha generado una deuda “incalculable” con los gobiernos locales.
Fedomu advirtió que la morosidad ligada al alumbrado público golpea el presupuesto de las alcaldías y limita el cumplimiento de sus funciones. En ese contexto, Núñez insistió en que el debate no puede reducirse a lo que deben los cabildos, sino que también obliga a revisar por qué sigue sin ejecutarse una decisión del Tribunal Constitucional sobre recursos que, según recordó, no constituyen un impuesto, sino un arbitrio municipal o tasa compensatoria legalmente establecida.