La República Dominicana obtuvo un laudo favorable en un arbitraje internacional por más de US$100 millones, después de que un tribunal desestimara en su totalidad las reclamaciones del empresario francés Yves Martine Garnier contra el Estado dominicano por la terminación de un contrato de recolección de residuos sólidos en Santo Domingo Este. Aunque el resultado evita un impacto económico de gran escala, el expediente vuelve a colocar en primer plano la necesidad de fiscalizar cómo se adjudican, ejecutan y terminan concesiones de servicios esenciales.
El laudo, dictado el 19 de agosto de 2026 en el marco del acuerdo de inversiones firmado entre Francia y República Dominicana en 1999, concluyó que la terminación de la concesión se produjo conforme al derecho dominicano y por deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana, S.A., empresa vinculada al demandante. El procedimiento había sido iniciado el 4 de octubre de 2021 ante la Corte Permanente de Arbitraje, bajo el caso número 2022-01, a partir del contrato suscrito entre esa empresa y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
El tribunal también determinó que los hechos alegados no alcanzaban el nivel necesario para probar una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el país. Desde el Gobierno se presentó el fallo como una victoria, con declaraciones del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, sobre la defensa del Estado y la seguridad jurídica. Pero el caso deja abierto un contraste de fondo entre el discurso oficial y la realidad de una disputa que escaló a arbitraje internacional por un servicio básico, en un escenario que exige rendición de cuentas sobre la gestión pública involucrada y sobre los controles institucionales alrededor de contratos de alto impacto ciudadano.