La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde, de manera temporal, a la entrada en vigor de parte del decreto que Donald Trump firmó el 31 de marzo para restringir el voto por correo. La decisión reabre la discusión sobre hasta dónde puede extenderse el poder federal en la organización de las elecciones. Aunque el tribunal levantó la suspensión dictada por una corte de distrito en Massachusetts, subrayó que no ha entrado a resolver el fondo del asunto y advirtió que cualquier medida aplicada por el Gobierno no es necesariamente legal.
La orden obliga a confeccionar listas de votantes habilitados y establece que el Servicio Postal entregue las papeletas solo a quienes aparezcan en esos registros. Gobiernos estatales controlados por demócratas presentaron una demanda contra la administración con el argumento de que la organización electoral corresponde a los estados y no al gobierno federal. Los tres magistrados liberales del Supremo se apartaron de la mayoría.
El fallo, planteado como una victoria provisional para Trump, queda así expuesto a nuevos litigios y a un choque político de mayor alcance: el expresidente insiste, sin pruebas, en que el voto por correo es especialmente vulnerable al fraude y vuelve a enlazar ese argumento con su falsa acusación de que las elecciones de 2020 le fueron robadas por Joe Biden. En medio de la amenaza republicana de perder su estrecho control del Congreso, la controversia vuelve a poner sobre la mesa la vigilancia institucional frente a decisiones de poder que afectan derechos electorales.