SANTO DOMINGO.- Las nuevas medidas tributarias y el encarecimiento de servicios han desatado un rechazo que ya no proviene solo de la oposición: en el Congreso, incluso legisladores del PRM han admitido que el paquete tendrá efecto directo en la economía de los dominicanos, en una nueva brecha entre el discurso oficial y lo que terminan pagando las familias.
El diputado de Fuerza del Pueblo, Heriberto Aracena, calificó las disposiciones de «medidas antipobres» y aseguró que van en contra de la promesa del Gobierno de no tocar la economía familiar. También objetó el aumento de los combustibles, al considerar que suma presión sobre la población pese a la caída del precio internacional del petróleo, y criticó la subida de la tasa por salida aérea por el encarecimiento que supone para los viajes de las familias dominicanas.
En la misma línea de cuestionamientos desde la oposición, José David Báez sostuvo que ya se habían advertido las consecuencias de impulsar medidas tributarias sin consenso ni planificación. A su entender, las nuevas disposiciones llevarían a muchos ciudadanos a depender más del efectivo, con el riesgo que ello implica para la seguridad ciudadana, y reflejan el costo de gobernar sin escuchar a la población ni a los sectores sociales afectados.
La señal de desgaste institucional se amplió cuando la diputada del PRM, Soraya Suárez, reconoció que las nuevas cargas económicas afectarán a quienes utilizan con frecuencia los servicios bancarios. La legisladora pidió revisar las medidas y abrir una mesa de diálogo, al advertir que una eventual eliminación de facilidades de pago electrónico en estaciones de combustibles generaría más dificultades para la población.
Así, la discusión deja de ser técnica y pasa al terreno político: el Congreso se ve presionado a fiscalizar decisiones que ya exhiben costo social, mientras la oposición gana espacio al poner en primer plano la distancia entre las promesas del Gobierno y los resultados que hoy recaen sobre el bolsillo ciudadano.