La Cámara de Diputados dio luz verde en primera lectura al proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, aunque dejó sin tocar la cesantía laboral, justamente el aspecto que ha generado mayor choque entre empresarios y centrales sindicales. La votación no cierra la discusión: la reforma sigue adelante sin resolver el punto más sensible del debate.
El texto fija en su artículo 86 que las indemnizaciones deberán pagarse al trabajador en un plazo de diez días desde la terminación del contrato. En caso de incumplimiento, el empleador tendrá que asumir una suma extra equivalente a un día del salario devengado por cada día de retraso. Asimismo, dispone que las indemnizaciones por omisión del preaviso y por auxilio de cesantía no estarán sujetas al impuesto sobre la renta ni podrán ser objeto de gravamen, embargo, compensación, traspaso o venta, salvo en los casos de créditos otorgados o de obligaciones derivadas de leyes especiales.
Además, la propuesta establece en el artículo 91 un plazo de cinco días francos para que el empleador notifique el despido al Ministerio de Trabajo o a la autoridad local correspondiente, y en el artículo 100 señala que el trabajador deberá comunicar su dimisión dentro de las 48 horas siguientes, indicando la causa, tanto al empleador como a la autoridad laboral. Si esa dimisión no se informa dentro de ese plazo, se considerará carente de justa causa. Con la cesantía fuera de cambios y nuevas obligaciones formales sobre la mesa, la reforma entra en una etapa en la que permanece abierta la revisión sobre su alcance real y su aplicación.