La denuncia contra el director general del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), Erick Guzmán Núñez, reabre el debate sobre la autoridad real de las decisiones judiciales frente a la administración pública. Según expuso Haidy Ivanova Martínez Gómez, el funcionario se niega a ejecutar la sentencia definitiva e irrevocable No. SCJ-TS-26-1193 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que ratificó un fallo del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenando su reintegro y el pago íntegro de los salarios dejados de percibir desde su desvinculación irregular.
La denunciante sostiene que, pese a que la decisión ya adquirió autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en el INPOSDOM ha prevalecido el silencio, la evasión y la resistencia frente al mandato judicial. El caso, además de involucrar la tutela judicial efectiva y el debido proceso de la empleada afectada, proyecta un problema mayor de institucionalidad: si una entidad estatal desatiende una sentencia firme, el contraste entre el discurso oficial de respeto al Estado de derecho y la práctica administrativa queda expuesto.
Martínez Gómez advirtió que la negativa del INPOSDOM compromete la imagen del gobierno central y del presidente Luis Abinader, al tiempo que calificó el hecho como un precedente nefasto para la institucionalidad del país y una violación flagrante al artículo 7 de la Constitución. Su llamado al presidente y a las autoridades judiciales coloca el caso en el terreno de la rendición de cuentas: más allá del conflicto laboral, la controversia presiona al Gobierno dominicano a demostrar si hará valer la legalidad dentro de su propia estructura. En ese contexto, el episodio alimenta el desgaste de gestión y refuerza la demanda opositora de vigilancia sobre el cumplimiento de las decisiones de los tribunales.