Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el sector construcción enfrenta una nueva presión: el texto incorpora responsabilidades para las personas jurídicas y eleva el nivel de exigencia sobre la prevención de riesgos legales dentro de las empresas. Durante una conferencia organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), especialistas señalaron que el cambio obliga a revisar procesos internos, mecanismos de supervisión y políticas de prevención.
El doctor en Derecho Miguel Valerio explicó que el nuevo marco ya no se reduce al simple conocimiento de la ley, sino que empuja a las empresas a aplicar una gestión de cumplimiento capaz de proteger a las organizaciones, sus directivos y sus colaboradores. Su planteamiento refuerza una señal de alerta institucional: la adaptación no puede quedarse en el plano discursivo, sino traducirse en controles efectivos para disminuir la exposición penal en una actividad de alto impacto económico y social.
Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi, afirmó que comprender el alcance de las nuevas disposiciones será decisivo para que las empresas se ajusten con mayor seguridad al marco jurídico. La jornada incluyó además el panel “Nuevo Código Penal y sector construcción”, con la participación de Tania de León y John Seibel, en una discusión centrada en responsabilidad penal y gestión de riesgos, un tema que vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas en sectores clave.